En España, Alfonso XIII (1885-1941) reinaba efectivamente desde 1902, tras la regencia de María Cristina de Habsburgo. Seguía en vigor la Constitución de 1876 y continuaba, con visibles muestras de agotamiento, el sistema canovista de turnos entre conservadores y liberales.
El conservador Antonio Maura (1853-1925) fue el árbitro de la política española durante el primer decenio del siglo, y con se creó un clima propicio para una modernización del sistema, dando más contenido real al mecanismo de representación y promoviendo la descentralización. Pero por entonces comenzó a gravitar sobre la vida española el problema de Marruecos. El norte de ese país había sido asignado como protectorado a España en la conferencia de Algeciras, y en la zona operaba una guerrilla beréber (los rifeños) que dio origen a un prolongado y sangriento conflicto. En 1909, la resistencia de los reservistas a ser embarcados hacia Marruecos desencadenó la Semana trágica de Barcelona, donde el ambiente ya estaba muy caldeado a causa de las huelgas. La implacable represión subsiguiente quemó a Maura y le impidió llevar adelante sus propósitos.
El liberal reformista José Canalejas (1854-1912) tampoco pudo hacer realidad su proyecto de modernización porque cayó asesinado. Y la misma suerte corrió otro político de valía: Eduardo Dato (1856-1921). El sistema seguía deteriorándose y no se vislumbraba renovación alguna. La neutralidad durante la Primera Guerra Mundial y la prosperidad momentánea a que dio lugar el aumento de las actividades económicas promovidas por la demanda de los combatientes, no sirvieron para mejorar realmente la situación, y la huelga revolucionaria de 1917 planteó con toda su crudeza la crisis del régimen monárquico. El desastre de Anual (julio de 1921), en el que perecieron 10.000 soldados españoles en una emboscada en Marruecos, y la violencia imperante en algunos lugares a causa de las luchas sindicales, precipitaron un hecho que parecía ya desterrado de la práctica política del siglo XX: el pronunciamiento militar.
El general Miguel Primo de Rivera (1870-1930) se hizo cargo en 1923 de un gobierno dictatorial que no se ajustó al esquema clásico de las dictaduras. Fue un gobierno de técnicos, escasamente represivo y que contó con la colaboración de los sectores más progresistas (aunque no los más representativos) del país: clases medias urbanas, industriales, socialistas, etc. Careció de ideología y no pretendió crear un nuevo Estado. Primo de Rivera, en una acción concertada con Francia, administradora de la parte sur de Marruecos, emprendió una ofensiva que se tradujo en la planificación del país (1925). Esto valió gran apoyo a la dictadura, que en lugar de disolverse, como estaba previsto, continuó. Tras seis años de prosperidad, Primo de Rivera dimitió como consecuencia de la pérdida de apoyos al reflejarse en España la gran crisis económica de 1929. La monarquía, que se había comprometido con la vulneración constitucional que suponía la dictadura, quedó mortalmente herida.
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